- La
'comisión Gallardón' propone técnicas de ‘hacking’ para crimen organizado y
ciberdelitos
- Su
uso exige permiso judicial ante hechos de especial gravedad
Se trata de un arma de
indudable utilidad para las fuerzas de seguridad, pero puede presentar
problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales. El
borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia encargado por el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón a una comisión de expertos coordinada por su
secretario de Estado permite a los jueces que autoricen a la policía la
instalación de troyanos en los ordenadores de los investigados para obtener la
información que contienen o a la que se puede acceder a través de ellos. El
texto prevé el acceso remoto de equipos informáticos lo que incluye tabletas y teléfonos
inteligentes para delitos con penas máximas
superiores a tres años, para el cibercrimen y para el terrorismo y el crimen
organizado siempre que el juez justifique la proporcionalidad de la
intervención.
Antonio
Manuel García Jiménez
Miguel
García Cruz
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